Genocidio en Rwanda: prohibido olvidar
Sin un recordatorio apropiado tal vez Rwanda pareciera no ofrecer hoy la imagen que dio hace 22 años cuando se perpetuó lo peor. Actualmente el país vive un período de consolidación y estabilidad. A mediados del año pasado el Foro Económico Mundial lo listó en el puesto número siete entre los mejores administrados del mundo. Asimismo, esta nación de la región de los Grandes Lagos africanos ostenta un récord mundial: el de ser el de mayor porcentaje con mujeres parlamentarias. La economía no se queda detrás. El crecimiento económico medio entre 2001 y 2013 fue del 8%. Kigali, la capital, es una ciudad moderna y pujante con 1,22 millones de habitantes, y en la cual se pronostica alcanzar los 3,6 millones para 2040.
Si la historia sirve para no repetir los errores del pasado, debe recordarse que todos los 7 de abril, a instancias de Naciones Unidas, se conmemora el Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio cometido en Rwanda, debido a que el citado día (de 1994) comenzó el pico máximo de odio y de violencia genocida que aniquiló en tiempo récord, de apenas tres meses, a por lo menos 800.000 almas frente al silencio general y la pasividad (y hasta complicidad) de la comunidad internacional.
El peor horror
El clima a comienzos de abril de 1994 se cortaba con cuchillo. El detonante para la exacerbación de la violencia fue determinado por la aún no esclarecida muerte del presidente rwandés Juvenal Habyarimana, cuando el aeroplano que lo transportaba (junto a su par de Burundi) fue derribado. El siniestro ocurrió al momento de dirigirse a firmar el acuerdo de paz que se pergeñaba meses atrás, lo que desbarató cualquier prerrogativa de entendimiento.
En Rwanda, ex colonia belga desde 1962, apodada «la Suiza de África», entre abril y julio de 1994, nunca en forma tan veloz en la historia de los múltiples genocidios del siglo XX, se consumó con éxito el accionar de un Estado genocida. Las estimaciones más altas calculan 1,5 millones de fallecidos y un enorme desbande de refugiados y desplazados que alteraría la aparente calma de la región.
Pese a la paz y el orden que se respiran en Rwanda, principalmente por su prosperidad económica (centrada sobre todo en el cultivo de café) y su reciente estabilidad política, antes del estallido del genocidio el país no estuvo exento de violencia. Esta última, causada por la divisoria principal que el colonizador belga ahondó, puede resumirse en la presencia de hutus y tutsis, siendo los primeros el 85% y los segundos el 14% del total poblacional de Rwanda.
Desde 1959, la llegada de los hutus al poder advirtió la inminencia de frecuentes masacres en Rwanda, como poco luego de concedida la independencia, cuando 10.000 tutsis huyeron del país y otros 10.000 fallecieron. Entre 1959 y 1963 la guerra interna, producto de la llegada al gobierno por medio de una «Revolución» hutu, generó el éxodo de no menos de 300.000 personas (de extracción étnica mayoritaria tutsi) más 30.000 tutsis muertos. Desde 1972 el gobierno hutu volvió a cargar contra los enemigos tutsis, en una campaña por medio de la cual se impusieron cuotas y muchos tutsis perdieron sus empleos, entre otros perjuicios. El resultado de este accionar redundó en un nuevo éxodo de unos 600.000 tutsis. La discriminación se reforzó al año siguiente, cuando un golpe militar impuso la obligatoriedad de portar una credencial de identidad con especificación de grupo étnico, así como la restricción de la libertad de movimientos. La política del gobierno de los hutus, en general, favoreció a este segmento de la población y, en cambio, limitó las posibilidades de los tutsis, sumado a esporádicas matanzas dirigidas hacia los últimos.
Una dictadura aparecida en 1973 y solidificada desde 1978 no pudo contener la situación política de represión, y, desde finales de la década de 1980, una galopante crisis económica causada por la caída internacional del precio del café, la principal exportación del «País de las mil colinas». La oposición que daría la estocada final al régimen ya había surgido, y a partir de julio de 1994, es decir, al término del genocidio, reemplazaría a los hutus en el poder. A comienzos de los 90 la disidencia comenzó a operar, y la respuesta del régimen fue más represión, resultando arrestadas más de 10.000 personas solo en el año de 1990. En las vísperas del genocidio, la población refugiada desde hacía tres décadas llegaba a medió millón de individuos. Si bien a comienzos de los 90 el presidente Habyarimana intentó flexibilizar el régimen, en 1991 abriendo el juego multipartidario y eliminando el sistema de credenciales étnicas, la violencia no podía detenerse y desde 1992 la prensa fomentó el odio hacia los tutsis con proclamas radiales, también contra los hutus «tibios». Pese a un llamado al gobierno de coalición y la promesa presidencial de aquietar las aguas a través de la firma de acuerdos (denominados de Arusha, por la sede), su dilación solo avivó la agitación de la oposición. Los hutus, sintiéndose amenazados por el avance tutsi, lanzaron la maquinaria genocida y, entre un amplio despliegue de demostración de fuerza, sobresale la formación del grupo «Poder Hutu» y una señal radial, «Radio-Televisión Libre de las Mil Colinas», cuyas alocuciones diarias prepararon a la población para el cometido del acto genocida. La Radio repetía la consigna diariamente: ?Las tumbas no están llenas aún?. Uno de los brazos ejecutores del genocidio fueron las Interahamwe («los que matan juntos»), grupos paramilitares que para la época del genocidio contaron con 300.000 miembros en sus filas. En cierto momento sus mandos alardearon ser capaces de eliminar 1.000 tutsis en apenas veinte minutos. La obligación de matar fue impuesta casi como un deber patriótico y hasta religioso.
¿Reconciliación?
El partido tutsi actual en el gobierno, el Frente Patriótico Rwandés (FPR) liderado por el actual presidente, Paul Kagame, es el antiguo grupo que él formó en el exilio y aprestó a tomar el poder, aprovechando la defensa de la causa tutsi frente a los atropellos de los genocidas hutus y sus numerosos cómplices entre los civiles. Kagame gobierna el país desde 2000 y, pese a ser visto como una suerte de liberador por muchos y héroe tras la fuga hutu, no obstante sobre él pesan delitos puesto que el revanchismo no se hizo esperar tras el repliegue hutu del poder. Las fuerzas del FPR arrollaron a no menos de 25.000 hutus en su avance hacia Kigali en julio de 1994. Eso compondría un «segundo genocidio». Asimismo, años más tarde, Kagame fue acusado de causar muertes entre los refugiados hutus que se asentaron en la vecina República Democrática del Congo.
Respecto a la política interna, Kagame es objeto de críticas porque se resiste a abandonar el poder y pudiera gobernar hasta 2034 si la situación se desenvuelve como él pretende y la legalidad no le suelta la mano. Como en otros regímenes africanos, el orden interno se mantiene con mano dura, puesto que en Rwanda la persecución y detención de activistas políticos es frecuente, como la censura a los medios de comunicación. En otros países africanos la voluntad de perpetuarse en el poder costó caro (Burkina Faso) pero Kagame despliega su carácter autoritario y lo preserva.
Por otra parte, el crecimiento económico se vale en buena parte de ayuda externa, condicionada a la buena conducta del régimen mientras organizaciones defensoras de los Derechos Humanos lo han denunciado varias veces por múltiples atropellos. En un incidente de gran impacto, fue hallado muerto en Sudáfrica un ex jefe de inteligencia. Las miradas apuntaron al régimen de Kagame, en enero de 2014.
Sobre Rwanda se ha hablado bastante de la idea de reconciliación tras el genocidio. Sin embargo, en relación a la justicia, el proceso está flojo de papeles, comenzando por el hecho de que hoy en día ciertos hutus no reconocen el genocidio de 1994.
Los tribunales tradicionales, denominados gacaca, se sumaron al Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR, sito en Tanzania) junto a los tribunales ordinarios. Los gacaca funcionaron hasta junio de 2012 y, tras cerca de una década de labor, en 11.000 de éstos fueron juzgados poco más de un millón de genocidas (de casi 2 millones de acusados, el 65%), mientras para 2001 solo 6.000 personas de 120.000 detenidas habían sido juzgadas por los tribunales ordinarios. La particularidad del genocidio rwandés es que en el gacaca, pese a varias críticas, desfiló también gente del común. Sin embargo, lo más preocupante es que se dieron asesinatos de sobrevivientes y testigos antes o después de dar testimonio (167 casos entre 1995 y mediados de 2008).
Finalmente, el citado TPIR, activo desde 1995, finalizó su labor el 31 de diciembre de 2015 de lo que resultaron 61 condenas entre mandos políticos, militares y económicos, sobre 93 acusados. Pese a ser el primer tribunal en la historia en haber juzgado a culpables del delito de genocidio, recibió varias críticas, principalmente la cantidad de condenados frente a un genocidio de tamaña magnitud, la negativa a perseguir a fugitivos y la exclusión de varios cabecillas del FPR.
Epílogo. Atentado a la memoria
No se trata de Rwanda, sino de Francia, cómplice de respaldar a los genocidas hutus a quienes ayudó a escapar una vez sobrevenida la invasión del FPR en 1994. El satírico Charlie Hebdo, en una olvidable portada, colocó al músico belga Stromae, cuyo padre rwandés falleció en el genocidio, haciendo un juego de palabras con uno de sus temas y como recordatorio del golpe yihadista que sufrió Bruselas el pasado 22 de marzo. La memoria ultrajada. De humor negro a injuria. Solo un paso. Echarle un vistazo a la tapa de ese número exime de todo comentario ulterior.
Publicado en:
